El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un paso definitivo para apuntalar la reforma de las pensiones que debe cerrar el 31 de diciembre. En la reunión de este lunes, el departamento de Escrivá ha planteado a los agentes sociales ampliar de 25 años a 30 el periodo de cálculo de la pensión eligiendo los 28 años más favorables de cotización, según explican fuentes del diálogo social.
La propuesta, adelantada por ABC, es contraria a la postura que defienden los sindicatos. Tanto UGT como CCOO mantienen su negativa a tocar los años observados para el cálculo de la pensión al considerar que daña los intereses de los trabajadores y futuros jubilados, una fórmula que ha llegado a corroborar grosso modo el Banco de España. Alargar los años de cotización observados favorecería, a priori, a los trabajadores con lagunas laborales o inestabilidad en el trabajo y perjudicaría a aquellos con carreras laborales más estables, según esas conclusiones.
Las bases de cotización máximas subirán, según esta propuesta trasladada a los agentes sociales, con la inflación anual (al igual que ocurre este año, que subirán un 8,5% vía Presupuestos Generales) más un recargo extra de 1,154 puntos en forma de destope gradual hasta mitad de siglo. Es decir, las bases subirían en mayor medida que las pensiones. Esta opción la puso el ministro Escrivá sobre la mesa en una rueda de prensa, además de tantear subidas del 20-30% bajo diferentes palancas.
Aquí, el departamento encargado de negociar con los agentes sociales encuentra el rechazo de la patronal CEOE-Cepyme, que ya mostraron su malestar cuando el Gobierno elevó las bases de cotización a sus espaldas en los Presupuestos. En todo momento argumentan que supone una carga de costes laborales extra y se defienden bajo esa premisa.
Los empresarios, en conversaciones con este medio, manifiestan que estudiarán la propuesta pero ven complejo llegar a un acuerdo en estos términos. Además, lanza un recado al ministro al considerar que se está devaluando el diálogo social por la tardanza de la propuesta, la celeridad para llegar a un acuerdo, y la búsqueda del arreglo con los socios políticos. «Llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político», explican.
Los sindicatos y el socio de Gobierno, Unidas Podemos, son partidarios de un destope que recaude por cotizaciones sociales a las rentas superiores al actual límite, que en 2023 será de unos 54.000 euros anuales.
Junto a la mejora de ingresos referente a la ampliación de las bases, está previsto que el Gobierno termine por ceder ante Bruselas y plantee a la Comisión Europea un mecanismo de ajuste automático para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la subida del 0,6% de cotizaciones que tiene como objetivo llenar el Fondo de Reserva, y llevarlo hasta mitad de siglo. Una medida de la primera pata de la reforma que no firmó la CEOE.
La respuesta de CCOO
Por el momento, CCOO considera «claramente insuficientes» las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su «tardanza» para sentarse a negociar, según recoge Europa Press.
No obstante, el sindicato califica como «positivo» que el Ministerio haya atendido su reivindicación de garantizar la revalorización de las bases máximas y de todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes.
Esto evitará, a juicio de CCOO, que las bases máximas de cotización dependan de la «actuación discrecional» de cada Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Pese a la «satisfacción» por haber logrado la inclusión de esta propuesta, el sindicato exige medidas «más intensas» para el incremento de ingresos contributivos.
