Las familias de los ciudadanos españoles en las cárceles de Maduro piden la colaboración de Madrid para su liberación
«Queremos solicitar ante los acuerdos de Barbados la colaboración del Gobierno español para reactivar las negociaciones por los ciudadanos españoles detenidos en las cárceles de Venezuela, en especial en nuestro caso de mi hija María Auxiliadora Delgado y de mi yerno, Juan Carlos Marrufo. Suplicamos al gobierno hacer todas las gestiones necesarias para lograr la liberación de estos hijos que ya tienen más de cuatro años detenidos. Dios recompensará todos estos esfuerzos». El llamamiento desesperado es de Osman Delgado, padre de la presa hispanovenezolana María Auxiliadora, una de los cuatro presos políticos con nacionalidad española, cuyas familias viven estas horas con angustia a la espera de su liberación.
El gobierno de Pedro Sánchez no ha formado parte de los países que han sostenido la cita en Barbados, donde Noruega fungió como auspiciador con el acompañamiento de Rusia y Países Bajos, más la presencia fundamental de EEUU. Cancilleres latinoamericanos, como el colombiano, también apoyaron los acuerdos con su presencia, además de Francia, con un papel estelar (Macron se ha ofrecido para encabezar la observación electoral en las presidenciales) que ha escocido particularmente a la diplomacia española.
Las otras presas españolas son Ángela Expósito y Karen Hernández, además Jorge Alayeto. Todos ellos están unidos por historias parecidas, desde las torturas sufridas hasta la arbitrariedad e injusticia de sus procesos. Contra Delgado, de 47 años y hermana también de un militar, pesa incluso la crueldad de que ella y su marido, de nacionalidad italiana, sufrieron en octubre de 2019 una falsa liberación: tras 170 días con decreto de libertad por fin les excarcelaron y les mandaron en un taxi a su hogar, pero las temidas Fuerzas Especiales de Maduro (FAES) les volvieron a detener para presentarles ante otro juez, que los acusó de traición a la patria.
Expósito, como los demás, fue involucrada en el supuesto atentado de los drones de 2018 y condenada por ello a 24 años de prisión. La hispanovenezolana estaba al frente de una fundación que rescataba a animales que se quedaban sin dueño por las represalias políticas.
A Karen Hernández se la involucró en la fallida Operación Gedeón, realizada por un grupo de militares rebeldes que intentaron desembarcar en Venezuela desde Colombia. Está acusada de traición a la patria, rebelión y otra serie de delitos.
El comerciante Jorge Alayeto lleva preso desde 2017, cuando fue detenido e interrogado por horas en su propia vivienda para ser torturado más tarde. El chavismo le acusa de ser cómplice de la Operación David, con la que se pretendía asaltar un cuartel militar.
Los cuatro hispanovenezolanos forman parte del gran grupo de 273 presos políticos contabilizados por el Foro Penal, que ayer se congratuló por la liberación de los seis primeros presos, pero advirtió de que en otras liberaciones la revolución abusó de las llamadas «puertas giratorias»: el excarcelamiento de un grupo de presos, compensado en los meses siguientes con nuevas detenciones.
En su última comparecencia ante los organismos de Naciones Unidas, el fiscal chavista, Tarek William Saab, insistió en que «Venezuela no tiene presos políticos». Ese es el «motivo» por el cual su liberación no se incluyó en la redacción de los acuerdos parciales de Barbados, aunque sí forma parte de la letra pequeña de lo negociado con Washington de forma secreta desde hace meses.
